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Videovigilancia y protección de datos personales en Ecuador
La videovigilancia trata datos personales: una imagen que permite identificar a alguien ya lo es. Por eso las cámaras de seguridad de comercios, edificios y empresas entran en el ámbito de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP). Esta guía explica qué dice la ley, qué señaló la autoridad en una consulta reciente, qué debes informar y cuándo se necesita una evaluación de impacto. Es una guía informativa e independiente, no sustituye el asesoramiento sobre un caso concreto.
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¿Las imágenes de una cámara son datos personales?
Sí cuando permiten identificar a una persona, directa o indirectamente. La LOPDP define el dato biométrico (artículo 4) como el dato único sobre características físicas, fisiológicas o conductuales, como las imágenes faciales. Si el sistema reconoce rostros, el tratamiento entra en esa categoría, que la ley considera sensible; para entender esos conceptos, revisa la guía de qué son los datos personales.
En 2026 la SPDP emitió una norma general para el tratamiento de datos biométricos que, entre otras cosas, prohíbe la identificación masiva e indiscriminada de personas en espacios públicos; las excepciones requieren una norma con rango de ley. Si tus cámaras incorporan reconocimiento facial, lee la guía sobre datos biométricos y reconocimiento facial.
Quien instala y opera las cámaras decide para qué y cómo se tratan las imágenes, lo que lo convierte en responsable del tratamiento con todas las obligaciones que eso implica.
Esto vale para un comercio, un edificio, un colegio o una oficina: si las cámaras graban a personas identificables, las grabaciones se tratan con las mismas reglas que cualquier otra base de datos, desde quién las ve hasta cuánto tiempo se guardan.
¿Qué dice la LOPDP sobre las cámaras de seguridad?
Ni la LOPDP ni su Reglamento tienen un artículo específico sobre videovigilancia: aplican las reglas generales. Eso significa que las cámaras necesitan una base que legitime el tratamiento, una finalidad concreta, medidas de seguridad sobre las grabaciones y respeto de los derechos de los titulares.
Una de esas reglas es el derecho a la información (artículo 12): las personas que pasan frente a una cámara deben poder saber que se las graba y quién es el responsable.
¿Qué señaló la SPDP sobre videovigilancia?
En una absolución de consulta de enero de 2026, la SPDP expuso criterios sobre cámaras de seguridad. Es una respuesta de carácter referencial, no una norma obligatoria, pero ayuda a ver cómo piensa la autoridad. Según ese criterio:
- Los letreros visibles son una forma válida de cumplir el derecho a la información.
- Las cámaras deben justificarse con un análisis de riesgos y una finalidad específica.
- No deben instalarse en baños ni en vestidores.
- No existe un plazo máximo legal de conservación: cada entidad debe fijar y documentar el suyo y, cumplido, eliminar, bloquear o anonimizar las imágenes.
- El consentimiento no debería ser la base única ni principal del tratamiento.
- Se recomienda contar con una política interna de videovigilancia.
¿Cuándo hace falta una evaluación de impacto?
El artículo 42 de la LOPDP exige una evaluación de impacto antes de iniciar la observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público. Un sistema que cubre una calle, una plaza o un centro comercial con tránsito masivo puede caer en ese supuesto; un caso más acotado exige valorar la escala y el acceso del público antes de decidir.
La evaluación sirve para identificar los riesgos antes de que ocurran y decidir qué medidas aplicar. Si dudas sobre dónde está tu caso, un análisis previo evita instalar un sistema que luego haya que desmontar.
La evaluación documenta la finalidad, los riesgos para las personas y las medidas previstas. Aunque no sea obligatoria en tu caso, redactar un análisis breve de riesgos antes de instalar cámaras es una buena práctica, y deja constancia de que decidiste con criterio.
¿Qué buenas prácticas conviene seguir con las cámaras?
Ninguna de estas pautas depende de la marca del equipo: son decisiones de gestión que se toman antes de encender la primera cámara y se revisan cuando cambian las circunstancias, por ejemplo si se amplía la cobertura o se cambia de proveedor.
Más allá de lo que fije cada resolución, estas pautas ordenan el trabajo y reducen el riesgo:
- Define la finalidad antes de comprar el equipo y documenta por qué hace falta.
- Coloca letreros visibles que indiquen que hay grabación y quién es el responsable.
- Limita quién puede ver y descargar las imágenes y registra los accesos.
- Fija y documenta un tiempo de conservación, y elimina las imágenes al cumplirse.
- Evita enfocar espacios privados de terceros o zonas donde la expectativa de privacidad es alta.
- Redacta una política interna de videovigilancia y comunícala al personal.
¿Qué ocurre con las empresas de seguridad que operan cámaras?
La resolución de la SPDP que regula al delegado incluye entre las organizaciones obligadas a tenerlo a las empresas de seguridad privada que prestan servicios de videovigilancia masiva, geolocalización o servicios informáticos. Si tu actividad es esa, conviene revisar el texto vigente.
Para empresas que contratan a un tercero para operar sus cámaras, el contrato debe fijar qué puede hacer con las imágenes, como en cualquier relación con un encargado del tratamiento. La guía sobre funciones del delegado de protección de datos explica quién supervisa ese cumplimiento, y la de requisitos para ser delegado detalla qué se exige a quien lo hace.
Preguntas frecuentes
¿Es obligatorio poner un letrero si tengo cámaras?
La ley exige informar a las personas (artículo 12). Según la absolución de consulta de la SPDP de enero de 2026, un letrero visible es una forma válida de hacerlo.
¿Cuánto tiempo puedo guardar las grabaciones?
No hay un plazo máximo fijado en la ley. Cada entidad define y documenta el suyo según su finalidad y, al cumplirse, elimina, bloquea o anonimiza las imágenes.
¿Un letrero basta como único cumplimiento?
No. El letrero cubre el derecho a la información, pero siguen siendo necesarios una finalidad definida, medidas de seguridad sobre las grabaciones y un tiempo de conservación documentado.
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